Como sabéis, y venimos advirtiendo desde hace tiempo, la vigente clasificación profesional que establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo 76, no es coherente ni respeta la nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada tras el proceso de Bolonia, al perpetuar, con denominación diferente (subgrupo A1 y subgrupo A2), la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de licenciado, arquitecto e ingeniero y diplomado, arquitecto e ingeniero técnico (grupo A y grupo B antiguos).
Todo ello, a pesar de que el proceso de implantación de las nuevas titulaciones se produjo en el año 2011, siendo el último curso académico que ofertó las antiguas titulaciones el 2010/2011. El problema radica en que distintos colectivos, entre los que se encuentra el nuestro, están incluidos en el subgrupo A2, dentro de la clasificación pública, en lugar de formar parte de un único Grupo A, sin subgrupos, lo que supone un claro “techo de cristal” a su desarrollo profesional, al no poder optar, por ejemplo, a puestos de gestión y responsabilidad dentro del ámbito público.
Por ello, y para intentar acabar con esta injusta discriminación laboral, que afecta a más de dos millones de trabajadores de nuestro país, sin que la Administración Pública haya hecho nada hasta el momento, para poner fin a esta lesiva situación, se ha constituido la “Plataforma Grupo A”, que fue presentada oficialmente en rueda de prensa el pasado jueves, 18 de mayo.
La Plataforma está integrada por representantes de más de una docena de colegios y sindicatos, como podéis ver en el Manifiesto-Grupo A que se ha elaborado, y en el que las organizaciones firmantes exigimos que:
- Se busque un sistema que reconduzca la situación que describimos, viciada desde el origen, y en la que están inmersos muchos graduados universitarios al servicio de la Administración pública.
- Se modifique el art. 76 del EBEP, en el sentido de suprimir la subclasificación del Grupo A, ya que su aplicación está perpetuando un criterio de clasificación que ha generado un agravio entre profesiones con el mismo nivel académico (Título de Grado) y cuyo grado de responsabilidad de las funciones a desempeñar en nada pueden justificar esta diferenciación, a lo que añadimos que la interpretación y aplicación de los criterios de subclasificación admite un amplio margen de discrecionalidad, lo que a la postre con toda seguridad derivará en nuevos conflictos.
- Se paralice la tramitación del Proyecto de Ley de Función Pública del Estado hasta que no se modifique el EBEP y se recojan las consideraciones que se solicitan en este documento.
Se adjunta el citado Manifiesto, Nota de Prensa del INGITE y enlace a las noticias que se han publicado al respecto.
Y repercusión en los medios:
Noticia publicada en La Vanguardia.
Noticia publicada en Redacción Médica.
Noticia publicada en ABC (Sociedad).
Noticia publicada en Consalud.
Documentos adjuntos:
