El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), una nueva hoja de ruta que incorpora 13 medidas estructurales destinadas a garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía. La estrategia, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pretende consolidar los avances logrados en la etapa 2019-2024 y reforzar el enfoque de equidad energética en las políticas públicas.

El nuevo plan nace tras un proceso participativo con entidades sociales, el ámbito académico y el sector empresarial, que ha incluido también un proceso de escucha directa a hogares vulnerables. La estrategia se plantea además en un contexto marcado por acontecimientos recientes como la pandemia de la COVID-19 o la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que obligaron a adoptar medidas extraordinarias para proteger a los consumidores.

Entre los resultados de las políticas aplicadas en los últimos años destaca la reducción de la carga energética en los hogares más vulnerables, que se ha reducido casi un 25% desde 2018, mientras que la cobertura del bono social eléctrico ha aumentado un 60%, alcanzando actualmente a 1,72 millones de hogares.

La nueva estrategia se articula en cuatro ejes principales de actuación:

El primero se centra en mejorar el conocimiento del fenómeno de la pobreza energética mediante la creación de un Observatorio de la pobreza energética, que permitirá centralizar datos, facilitar el intercambio técnico entre expertos y mejorar la toma de decisiones en políticas públicas.

El segundo eje aborda la protección de los consumidores, con medidas orientadas a garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y a mejorar el acceso al bono social. Entre las propuestas se incluye adaptar la normativa para vincular mejor el acceso a estas ayudas con el nivel de renta de los hogares.

El tercer eje se orienta a la mejora estructural de las condiciones energéticas de los hogares, impulsando la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables, la participación de estos consumidores en comunidades energéticas y medidas de protección frente a fenómenos extremos como olas de calor o frío.

En este ámbito se contará con financiación pública y con el apoyo del Plan Social para el Clima, que movilizará alrededor de 9.000 millones de euros durante el periodo de vigencia de la estrategia. También se reforzará el uso de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para promover actuaciones de eficiencia energética dirigidas específicamente a hogares vulnerables.

El cuarto eje se centra en la coordinación interadministrativa y la sensibilización social, con la creación de nuevos puntos de asesoramiento energético para consumidores vulnerables y el desarrollo de la Red-Actúa, una red de agentes cualificados destinada a orientar y acompañar a las personas afectadas por pobreza energética.

Además, se reforzará la coordinación entre administraciones públicas y se fomentará la detección de situaciones de pobreza energética desde los servicios sociales y el sistema sanitario de atención primaria.