COGITI Cádiz insta a las administraciones a cumplir la doctrina del TS y reconocer el Grado en Ingeniería de la rama Industrial en la categoría A1

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El decano del Colegio Oficial de Graduados en la Rama Industrial de Cádiz e Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero, insta a las administraciones a seguir la doctrina marcada por el Tribunal Supremo con una sentencia que reconoce la categoría A1 de la Administración a los graduados tras superar las oposiciones y obtener la correspondiente plaza convocadas para Ingeniero Industrial y finalmente ganada por el graduado.

En palabras del decano, “se trata de un paso más, por un lado, en la evolución de la educación que pone en valor  el conocimiento individual de una persona con independencia de la titulación (un graduado gana la oposición a la que se presentan ingenieros industriales),  y por otro, en la ingeniería ya que está en consonancia con lo que ocurre en países como EEUU o Japón, donde los ingenieros no necesitan estudiar "académicamente"  5 años para ser un profesional de referencia”.

Al respecto, COGITI Cádiz manifiesta su defensa de que la titulación válida y referente, tal y como lo está siendo actualmente en el escenario europeo y mundial, es el Graduado y, por ende, los graduados en Ingeniería de la Rama Industrial: “La ingeniería se construye y estudia día a día y el modelo ha de ser el de países como el Reino Unido donde se habilita al ingeniero para trabajar teniendo en cuenta no sólo la carrera académica, sino también la experiencia profesional y la formación continua -el profesional debe saber necesariamente”.
 

 

 

Tras dicha sentencia, queda en evidencia, por tanto, que la titulación de Graduado/a es la única que se puede exigir para optar al Grupo A (A1 o A2) de la Función Pública, siempre y cuando no haya una Ley que exija otra titulación diferente, para lo que deberá haber una justificación de la misma.



Cabe recordar que, hasta la fecha, las diferentes Administraciones, en la mayoría de los casos, estaban optando por continuar con las denominaciones y titulaciones anteriores a Bolonia para la definición de la oferta de empleo público, con lo que se estaba marginando a los nuevos titulados de Grado de las Universidades a los que se les impedía por sistema optar al Grupo A1 de la Función Pública, en contra de lo que indica de forma clara y concisa el art. 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. “En este caso, con esta Sentencia del TS ha quedado totalmente claro que un Graduado en Ingeniería Eléctrica tiene o puede tener los conocimientos y competencias que se exigen para ocupar la plaza de Ingeniero Industrial (grupo A1), por cuanto ha superado con éxito la fase de oposición, frente a otros titulados de Máster en Ingeniería Industrial o Ingenieros Industriales, lo que viene a ser una prueba efectiva de que los Graduados están totalmente capacitados para acceder a este cuerpo de la Administración”, manifiesta Villero.

Otra medida que pone de manifiesto la evolución actual de la ingeniería es el nuevo logro conseguido por el Colegio Profesional: la nueva denominación, por Real Decreto 143/2016, del Consejo General de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales por la de Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados de la rama industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de España. Dicha nueva denominación supone también un paso importante para el ingeniero y que refleja el trabajo realizado por las entidades de Derecho Público que los representan: “Nosotros vamos caminando hacia el futuro del ingeniero que se necesita en la calle para una sociedad moderna y otros sólo se preocupan de poner trabas y lamentablemente sus aportaciones brillan por su ausencia”.

Además, la apuesta decidida por una formación profesionalizada y referente en la ingeniería, se demuestra también en plataformas pioneras en la búsqueda de empleo para estos profesionales, tales como ProEmpleo Ingenieros, con más de 400 empresas usuarias y 350 ingenieros procedentes de diferentes sectores, ámbitos profesionales y niveles de responsabilidad; o el Sistema de Acreditación DPC, un sello de garantía avalado por el COGITI como órgano representativo de la Ingeniería Técnica Industrial Española que aporta una certificación de la formación y la experiencia a lo largo de la vida profesional del ingeniero.

 


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