El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de gobernanza de la Inteligencia Artificial, que adaptará la legislación española al reglamento europeo ya en vigor. Esta normativa busca garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de la IA, combinando un enfoque regulador con el impulso a la innovación.
El anteproyecto, que se tramitará por vía de urgencia, establece un marco legal que prohíbe determinados usos maliciosos de la IA, introduce obligaciones más rigurosas para sistemas considerados de alto riesgo y establece requisitos mínimos de transparencia para el resto.
Entre las prácticas prohibidas destacan el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, la explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad o discapacidad, la clasificación biométrica por raza u orientación política, y la puntuación de individuos basada en comportamientos sociales. Las sanciones para estos casos pueden alcanzar los 35 millones de euros o hasta el 7% del volumen de negocio mundial.
España se adelanta a la obligación europea (prevista para agosto de 2026) de establecer un entorno controlado de pruebas (sandbox) para ayudar a los proveedores de IA a cumplir la legislación, habiendo lanzado ya en diciembre una convocatoria para seleccionar 12 sistemas de IA de alto riesgo que participarán en este entorno durante un año.
La supervisión de estos sistemas recaerá en diferentes organismos según su ámbito, incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos, el CGPJ, la Junta Electoral Central y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, entre otros.
