El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el 9 de junio un acuerdo político provisional sobre varias normas del denominado paquete Ómnibus IV, centrado en reducir cargas administrativas, facilitar la digitalización y apoyar a empresas en fase de crecimiento.
Uno de los elementos principales es la creación de una categoría de pequeñas empresas de mediana capitalización.
El acuerdo fija esta categoría en empresas con menos de 1.000 empleados y un volumen de negocio anual de hasta 200 millones de euros, o un balance anual de hasta 172 millones de euros.
El objetivo es evitar que las compañías que superan el umbral de pyme pierdan de forma inmediata determinadas ventajas regulatorias y administrativas.
El acuerdo también impulsa el principio de "digital por defecto" en parte de la normativa europea sobre productos.
Permitirá digitalizar la declaración UE de conformidad, determinados intercambios entre autoridades y operadores económicos, así como las instrucciones de uso de los productos.
No obstante, cuando exista riesgo de daños graves, la información de seguridad deberá continuar disponible en formato papel.
Asimismo, se prevé que la Comisión pueda adoptar especificaciones comunes como solución alternativa y excepcional cuando no existan normas armonizadas o estas resulten insuficientes para demostrar la conformidad de determinados productos.
En paralelo, el Consejo adoptó su posición negociadora sobre las futuras carteras empresariales europeas.
Estas herramientas permitirían a las empresas identificarse digitalmente, compartir licencias, permisos y certificados verificados, firmar documentos electrónicos y acreditar la representación legal ante otras compañías o administraciones públicas.
Las carteras empresariales se basarán en el marco europeo de identidad digital eIDAS 2 y complementarán, sin sustituir, los sistemas nacionales existentes.
Para las empresas, estas medidas pueden traducirse en una reducción de costes vinculados a la gestión documental, el archivo en papel y la repetición de trámites ante distintas administraciones.
Su utilidad práctica dependerá, no obstante, de que los nuevos sistemas digitales sean interoperables, accesibles y aceptados de forma homogénea por las autoridades nacionales, especialmente en actividades con dimensión transfronteriza.
El Parlamento Europeo debe fijar todavía su posición antes de que puedan iniciarse las negociaciones interinstitucionales.
