El Senado aprobó el pasado 20 de mayo una moción del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a adoptar medidas para reclasificar a los cuerpos de Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos de la Administración Pública del subgrupo A2 al A1. Esta decisión refuerza una reivindicación histórica del INGITE (Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España), que defiende que los actuales graduados en ingeniería —con títulos de Grado de 240 créditos ECTS— cuentan con una formación equivalente a la de otros profesionales ya integrados en el subgrupo A1, como economistas, abogados o farmacéuticos.
El INGITE argumenta que la actual clasificación en A2 está basada en una disposición transitoria del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), pensada para una etapa anterior a la implantación plena del Espacio Europeo de Educación Superior. Esa situación transitoria ha dejado de tener sentido, ya que desde 2014 todos los titulados acceden al mercado laboral con títulos de Grado, y no de nivel inferior.
Desde el punto de vista legal, ni el artículo 76 del EBEP ni las sentencias del Tribunal Supremo de 2015 y 2022 establecen impedimentos para acceder al subgrupo A1 con un título de Grado. Además, la Directiva Europea 2005/36/CE permite ejercer funciones de nivel superior A con una formación mínima de tres años más experiencia profesional, lo que sitúa a los ingenieros técnicos en igualdad de condiciones con otros perfiles de la función pública.
El comunicado del INGITE también responde a las críticas de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), que considera la reclasificación un "agravio comparativo injustificable". Para INGITE, esta postura es corporativista y contradice los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública.
Finalmente, INGITE reclama la derogación de la disposición transitoria tercera del EBEP, la adaptación de las pruebas de acceso al subgrupo A1 y la apertura de un proceso serio de diálogo institucional. El objetivo es asegurar que los ingenieros técnicos puedan acceder a puestos de responsabilidad acordes a su formación y competencias, con los mismos derechos que otros titulados universitarios de grado.
